Prof. Julio A. Louis 

¿Gobernar para quién?

El gobierno es al Estado, lo que el timón al barco, el volante al auto. Simplemente lo guía. Pero si el gobierno pertenece a otros intereses de clase, que los de la clase dominante que ideó las instituciones del Estado para preservar los suyos, comienzan los problemas. La base conservadora de las instituciones permanentes del Estado vuelve complejo o imposible hacer que los funcionarios que están a su frente modifiquen sus enfoques para servir a las clases populares. Quien lidie con el servicio diplomático, con las fuerzas armadas, con los servicios de inteligencia o con la administración pública, tiene mucho que aportar al respecto. Por eso, las 'políticas de Estado' al margen de las clases sociales, muy difícilmente existen.

En vísperas del Congreso del Frente Amplio para resolver programa y candidaturas es necesario saber que lo que está en juego es definir si el gobierno enfrentará al 'orden dominante' o no.

Si el hipotético segundo gobierno del Frente continuara recibiendo elogios de las instituciones internacionales de crédito (Astori fue electo mejor Ministro de Economía por representantes del gran capital), si recibiera inversiones extranjeras cualesquiera que sean, si ofreciera con liviandad zonas francas, tratados bilaterales de inversiones o de libre comercio (en especial con EEUU), si el 'modelo' siguiera siendo el de Chile ­ése que su misma izquierda anuncia que está agotado­, si se mantuviera obediente ante la retrógrada cúpula de la Iglesia Católica, si se mantuviera 'prudente' ante el poder militar, con sus cárceles especiales para los criminales de la dictadura de la Seguridad Nacional, si se mostrara autoritario con los suyos, interponiendo el veto presidencial, está claro que el gobierno no necesita cambiar las instituciones del Estado porque seguiría siendo tolerable, o directamente funcional, al Estado del gran capital.

En cambio, si profundizara las transformaciones tibias iniciadas por el gobierno actual, si auditara la deuda externa y determinara qué paga y qué no, si definiera qué inversiones extranjeras acepta y cuáles no, si además del agua propusiera que la tierra y los recursos naturales sean del país y no del capital extranjero, si no concediera nuevas zonas francas y regulara las existentes, si robusteciera los monopolios de las empresas públicas, si ­a imagen de Brasil­ recusara por inconstitucionales los tratados bilaterales de inversiones, si apostara a la integración sudamericana y latinoamericana, si el ejemplo a seguir fuera el de los países del ALBA, si dejase de cumplir el rol de Estado tapón contra sus vecinos, si la crisis capitalista la enfrentara con medidas que afectasen a sus responsables y no achicara el gasto social, si afirmara los Consejos de Salarios y los derechos de los trabajadores, si anulara la ley de caducidad, si aplicara 'mano dura' contra las mafias de la banca, droga o fútbol, entonces sí, el gobierno se enfrentaría al 'orden dominante' (Estado y poder transnacional) y tendría que modificar la Constitución, como ya apuntó Mujica.

El Frente Amplio, que ha perdido mucha de la fuerza democrática de sus organismos de base, a través del programa y de las candidaturas, tendrá que definirse. No cabe en el Congreso el consenso, porque pugnan intereses de clase entre los condescendientes con el gran capital y la visión de las clases populares, porque un Frente Amplio funcional al gran capital es antitético al proyecto y a las aspiraciones de la mayoría de sus militantes, simpatizantes y votantes.

Sólo que para profundizar el programa y la acción, el gobierno tendrá que modificar su relación con el Frente Amplio y con las organizaciones populares. Deberá admitir un Frente con personalidad, que empuje 'desde abajo' para afirmar sus acciones positivas y que sepa decir no a sus acciones negativas. Y también deberá alinearse con las organizaciones populares.

La oportunidad es histórica: en plena crisis crónica del sistema capitalista, en pleno ascenso de masas populares en varios países de la región, el Frente Amplio está en la disyuntiva de profundizar el programa y la acción gubernamental, o de sufrir un abismal retroceso ante el peso combinado de la acción del gran capital y la apatía creciente del pueblo trabajador.